A- de 2023

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de S (P) y el Cabildo Mayor Indígena I de S (P).

La controversia se originó por denuncia en contra de menores de edad, pertenecientes a una comunidad indígena, por la presunta comisión del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, agravado.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena realiza el estudio de los cuatros factores tenidos en cuenta por la jurisprudencia para establecer la competencia de la jurisdicción especial indígena y constata que se cumplen el factor personal y el territorial; sin embargo, respecto del factor objetivo este se da como no satisfecho porque la conducta presuntamente ejecutada por los procesados es de especial nocividad para la cultura mayoritaria por sus características y aunque éste no se pudo demostrar respecto a la comunidad indígena porque las autoridades tradicionales no lo evidenciaron, por tratarse de un delito que ha sido catalogado de especial gravedad para la sociedad mayoritaria, el análisis del elemento institucional supone un mayor rigor, y en ese sentido, no se observa que la comunidad indígena cuente con un sistema de protección a la víctima y a los infractores -menores de edad-, su representación, acompañamiento y su participación en el esclarecimiento de la verdad, razón por la cual la competencia para conocer del asunto se asigna a la Jurisdicción Ordinaria.

En consecuencia, la Corte decide remitir el expediente al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de S (P) para que proceda con lo de su competencia, y comunique la presente decisión a los interesados y al Cabildo Mayor Indígena I de S (P).